Colombia tiene una tradición significativa y valiosa de reparaciones judiciales mediante mecanismos domésticos e internacionales. Para entenderlas, se deben clasificar en dos tipos: aquellas que se basan en responsabilidad penal y las que se fundamentan en la responsabilidad del Estado.

En cuanto a las primeras, hay una desventaja importante para el logro de la integralidad: los jueces penales carecen de competencia para declarar la responsabilidad del Estado y en consecuencia, para darles órdenes a sus instituciones. En el escenario penal lo que se discute es la culpabilidad del procesado, la persecución de su patrimonio y, eventualmente, pedidos de perdón. En cuanto al segundo tipo, existen dos instancias ante las cuales se discute la responsabilidad del Estado: la jurisdicción contencioso administrativa y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el contexto nacional, las reparaciones judiciales ante el Consejo de Estado representan mayores y mejores garantías para las víctimas porque suelen ser más integrales que aquellas que se ofrecen en otras instancias. Esto se debe a que este tribunal puede ordenar una batería amplia de medidas, por el hecho de vincular a instituciones del Estado. Hay que recordar que esta jurisdicción es el juez natural de las entidades públicas; es así como se han develado consistentemente la responsabilidad del Estado en una parte considerable del universo de violaciones, por acción directa o por tolerancia de sus agentes con actores ilegales. Esto es fundamental para lograr uno de los objetivos centrales de la justicia transicional: el de confrontar la negación de responsabilidad, en este caso la del Estado. Cuando el Estado es encontrado responsable, por acción u omisión, debe adquirir un compromiso más fuerte, para que los hechos no se repitan. (Fuente: Las víctimas: reparación administrativa y judicial deben ir juntas, Carlos Lozano, 2012 en https://razonpublica.com/las-victimas-reparacion-administrativa-y-judicial-deben-ir-juntas/ última consulta junio de 2020)