Es una garantía y principio jurídico procesal consagrada en el artículo 29 de la Constitución Política de 1991, que busca asegurar que toda persona pueda ser investigada, acusada o juzgada en un proceso ante las autoridades judiciales o administrativas, en condiciones de plena igualdad e imparcialidad, conforme a los procedimientos legalmente establecidos y observando en todo tiempo el respeto de sus derechos. (Fuente: Glosario, Rama Judicial, en ramajudicial.gov.co/portal/atencion-al-usuario/servicios-de-informacion/glosario?p_p_id=glosario_WAR_glosarioportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_glosario_WAR_glosarioportlet_letra=D última consulta junio de 2020)